Como parte del #15m me declaro una persona pacífica y condeno radicalmente todo tipo de violencia: la de los violentos infiltrados en nuestras manifestaciones, y la del Estado, que ha causado más dolor y heridos. Además, condeno la manipulación mediática que enfatiza la información sesgada, parcial o errónea con el propósito de demonizar a los ciudadanos.

Si me manifiesto en la calle es porque:

  1. Mi participación como ciudadano se ha reducido a votar a listas cerradas cada cuatro años para ver cómo los representantes de los ciudadanos no respetan lo prometido en su programa.
  2. Se hacen leyes a favor de grupos de interés en vez de hacerlas a favor del conjunto de la sociedad.
  3. Se invierten recursos públicos para ayudar a minorías poderosas, y no a quienes están pasando situaciones desesperadas ocasionadas por la especulación financiera.
  4. Los grandes partidos están más preocupados por mantener su poder que por ofrecer soluciones para superar esta crisis histórica.
  5. Está a punto de firmarse un “Pacto del Euro” que consiste fundamentalmente en medidas para reducir la inversión pública en servicios esenciales.
  6. Desde diferentes órganos del estado se ha insultado a los ciudadanos, e incluso se ha justificado el recurso a la violencia contra manifestantes pacíficos.

Como parte del #15m, acepto y respeto la diversidad ideológica del movimiento. Cuando participo en una manifestación no reclamo un régimen o una ideología en concreto, ni un modelo social no democrático, ni la eliminación de los partidos o los parlamentos. Lo que reclamo es una democracia mejor y más humana que, entre otras medidas, necesita urgentemente:

  1. Cambios en la Ley Electoral para permitir una mejor y más directa representación de los ciudadanos en los parlamentos y una mayor participación ciudadana en las decisiones importantes.
  2. Aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obligar a la publicación en formatos adecuados y reutilizables de todos los gastos, decisiones y reuniones con grupos de presión por parte de funcionarios y cargos públicos.
  3. Tolerancia cero a la corrupción de candidatos y cargos públicos, y controles ciudadanos para la exigencia de responsabilidad política.
  4. Separación clara, real y efectiva de los poderes del estado.
  5. Control fiscal efectivo de grandes fortunas y operaciones financieras; eliminación de privilegios fiscales a cargos electos.
  6. Políticas encaminadas a solucionar de forma efectiva los problemas hipotecarios y de vivienda.
  7. Servicios públicos de calidad, fundamentalmente salud, justicia y educación.
  8. Eliminación de las leyes que permiten el control administrativo de Internet. La red ha demostrado ser esencial para la libertad de expresión y para responder al peligro de manipulación mediática.

Por todas estas razones volveré a salir pacíficamente a la calle el 19 de junio, #19j.

Si estás de acuerdo, aprópiate del texto y divúlgalo (enlace al documento original)

#nolesvotesEl próximo 22 de mayo, los ciudadanos españoles están convocados a las urnas para votar a sus representantes públicos en todos los ayuntamientos y en algunos parlamentos autonómicos. Los representantes elegidos tendrán a su cargo la gestión de miles de millones de euros durante un periodo de cuatro años, razón más que suficiente para extremar las precauciones de los votantes: a lo largo de los últimos años, el nivel de corrupción en la política española se ha disparado de manera alarmante en todo el arco parlamentario.

[Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE], una ley que permite censurar Internet por vía administrativa, sin una intervención judicial que garantice la tutela efectiva de los ciudadanos. Al juez que deba validar el cierre le estará vedado analizar el fondo del asunto, esto es, la vulneración de derechos de propiedad intelectual o la posibilidad de producir un perjuicio patrimonial por parte de la página web cuya clausura se solicite. La ley Sinde crea un “agujero libre de jueces” donde la decisión la toma una comisión administrativa nombrada por el gobierno, para evitar lo que hasta el momento venía ocurriendo: que los jueces no daban la razón a las reclamaciones de la industria de los contenidos.

La ley Sinde es ineficaz. No aborda una reforma integral de la legislación de propiedad intelectual, único camino para favorecer la justa retribución de los creadores y artistas en el marco de una sociedad de cultura digital. Aún así, y a pesar de la oposición de una parte importante de la sociedad incluyendo creadores y artistas, PSOE, PP y CiU votaron a favor de ella. Pesaron más las presiones de gobiernos extranjeros y de grupos minoritarios que el interés social. Pero no todo es culpa de nuestros representantes: nosotros les hemos elegido, por acción u omisión.

Desde Nolesvotes.com consideramos que PSOE, PP y CiU han faltado a su principal obligación con la ciudadanía: defender la Constitución que juraron o prometieron acatar. La ley Sinde somete Internet a una legislación excepcional, con grave merma de los derechos a la libertad de expresión e información y a la tutela judicial efectiva, posibilitando un mayor control político de la red.

Tu decisión es importante. No te pedimos el voto para ningún partido concreto, ni que votes en blanco, ni que te abstengas, sino que te informes para comprobar que existen alternativas contrarias a la ley Sinde en todo el espectro ideológico. Te pedimos que defiendas la libertad en la red con tu voto, no apoyando a aquellos que con sus actos se han hecho claramente merecedores de un voto de castigo.

El próximo 22 de mayo, NO LES VOTES.

(Texto reproducido de nolesvotes.com)

Red Neutral
Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto manifestamos:

  1. Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido.
  2. Que las empresas, emprendedores y usuarios de Internet han podido crear servicios y productos en esa Red Neutral sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos previos, dando lugar a una barrera de entrada prácticamente inexistente que ha permitido la explosión creativa, de innovación y de servicios que define el estado de la red actual.
  3. Que todos los usuarios, emprendedores y empresas de Internet han podido definir y ofrecer sus servicios en condiciones de igualdad llevando el concepto de la libre competencia hasta extremos nunca antes conocidos.
  4. Que Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas. Su naturaleza no debe ser puesta en riesgo bajo ningún concepto.
  5. Que para posibilitar esa Red Neutral las operadoras deben transportar paquetes de datos de manera neutral sin erigirse en “aduaneros” del tráfico y sin favorecer o perjudicar a unos contenidos por encima de otros.
  6. Que la gestión del tráfico en situaciones puntuales y excepcionales de saturación de las redes debe acometerse de forma transparente, de acuerdo a criterios homogéneos de interés público y no discriminatorios ni comerciales.
  7. Que dicha restricción excepcional del tráfico por parte de las operadoras no puede convertirse en una alternativa sostenida a la inversión en redes.
  8. Que dicha Red Neutral se ve amenazada por operadoras interesadas en llegar a acuerdos comerciales por los que se privilegie o degrade el contenido según su relación comercial con la operadora.
  9. Que algunos operadores del mercado quieren “redefinir” la Red Neutral para manejarla de acuerdo con sus intereses, y esa pretensión debe ser evitada; la definición de las reglas fundamentales del funcionamiento de Internet debe basarse en el interés de quienes la usan, no de quienes la proveen.
  10. Que la respuesta ante esta amenaza para la red no puede ser la inacción: no hacer nada equivale a permitir que intereses privados puedan de facto llevar a cabo prácticas que afectan a las libertades fundamentales de los ciudadanos y la capacidad de las empresas para competir en igualdad de condiciones.
  11. Que es preciso y urgente instar al Gobierno a proteger de manera clara e inequívoca la Red Neutral, con el fin de proteger el valor de Internet de cara al desarrollo de una economía más productiva, moderna, eficiente y libre de injerencias e intromisiones indebidas. Para ello es preciso que cualquier moción que se apruebe vincule de manera indisoluble la definición de Red Neutral en el contenido de la futura ley que se promueve, y no condicione su aplicación a cuestiones que poco tienen que ver con ésta.

La Red Neutral es un concepto claro y definido en el ámbito académico, donde no suscita debate: los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y exclusivamente bajo mandato judicial podrá ser espiado, trazado, archivado o analizado en su contenido, como correspondencia privada que es en realidad.

Europa, y España en particular, se encuentran en medio de una crisis económica tan importante que obligará al cambio radical de su modelo productivo, y a un mejor aprovechamiento de la creatividad de sus ciudadanos. La Red Neutral es crucial a la hora de preservar un ecosistema que favorezca la competencia e innovación para la creación de los innumerables productos y servicios que quedan por inventar y descubrir. La capacidad de trabajar en red, de manera colaborativa, y en mercados conectados, afectará a todos los sectores y todas las empresas de nuestro país, lo que convierte a Internet en un factor clave actual y futuro en nuestro desarrollo económico y social, determinando en gran medida el nivel de competitividad del país. De ahí nuestra profunda preocupación por la preservación de la Red Neutral. Por eso instamos con urgencia al Gobierno español a ser proactivo en el contexto europeo y a legislar de manera clara e inequívoca en ese sentido.

Si te sientes representado por este manifiesto te pedimos encarecidamente que lo copies y lo publiques en tu blog o que lo menciones en tu cuenta de Twitter o en Facebook usando el hashtag #redneutral. ¡Muchas gracias!

Hemos hecho llegar este mensaje a todos los diputados y diputadas:

Este martes 21 de septiembre de 2010, se acaba el plazo para que los grupos parlamentarios puedan aportar sus enmiendas a Ley de Economía sostenible y, con ella, la Disposición Final Segunda (anteriormente Disposición Final Primera) o “Ley Sinde” que ataca los derechos fundamentales en Internet en favor de lobbies industriales que no quieren reconvertirse. La misma Disposición cuya retirada cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas han pedido de todas las formas.

Recordamos además que esta Disposición se ha introducido de espaldas al propio parlamento: ha sido creada mientras una SubComisión Parlamentaria estaba trabajando sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. La Disposición final Segunda a sido introducida en la Ley de Economía Sostenible sin escuchar las conclusiones de dicha subcomisión que propone una reforma en profundidad de la Ley de Propiedad Intelectual para encarar con seriedad y beneficio general los problemas generado por las innovaciones de la era digital. La disposición Final Segunda tiene que caer también porque representa un desprecio a la labor de los diputados que son los reprentantes de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Queremos también recordar a los diputados que la ciudadanía pide que se desactive una ley que no ampara los derechos mínimos:

1 – No se puede concebir una ley que afectan intereses particulares y no generales donde el juez no pueda entrar en el fondo del asunto, ofreciendo todas las garantías legales a los ciudadanos y emprendedores que están operando en Internet. Cerrar el acceso a un sitio Web puede devastar la economía de un pequeño y mediano emprendedor. Los ciudadanos no debemos asumir la reconversión de las Majors.

2 – No se deben mezclar asuntos del orden de la competencia desleal, como puede ser lucrarse del trabajo de otro sin que esto repercuta sobre este último, con la libertad de enlazar, citar y compartir, que son la esencia misma de Internet, una herramienta crucial para el futuro.

3 – Es inadmisible que se legisle en favor de un sector económico atrasado en su reconversión a expensas de los emprendedores que están ya implementando las oportunidad de la era digital. El ministerio de Cultura no está a la altura del alcance del problema. Ha invertido un tercio de sus recursos en Industrias Culturales y ahora necesita una Comisión nada imparcial para rentabilizar estos recursos, distorsionando el desarrollo normal de la economía cultural. Antes el ladrillo, ahora la copia. No reproduzcamos una burbuja de los contenidos de entretenimiento.

El respeto y la comprensión de las opciones que ofrece Internet son la salida de la crisis. La disposición final segunda de la LES nos está negando el futuro.

Comunicado de RedSOStenible. Si estás de acuerdo, copia y pega en tu blog o web.

Ante la inclusión en el Proyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es, y debe seguir siendo, competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del Ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales,en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.